El Gobierno vive inmerso en un mundo de contradicciones

El CEO de IAG es irlandés: busca la rentabilidad en Iberia y, lo demás, le trae sin cuidado. Estamos de acuerdo.

Gobierno y Sepla confunden sus intereses con los de “nuestra querida España”, como dicen ellos. Han sido más listos los trabajadores de Iberia (el 93%) que han alcanzado un acuerdo negociado con la empresa.

El Gobierno busca la rentabilidad en Renfe, pero quiere impedir que Iberia, empresa privada, consiga esa misma rentabilidad… No se comprende esa actitud que deriva en comportamiento.

El Gobierno solo tiene un 2% de Iberia. Indirectamente, a través de la nacionalizada Bankia, tiene otro 12,9%. Con un 15% de Iberia, el Estado no puede imponer su criterio al restante 85% de accionistas de la aerolínea.

Iberdrola y Endesa cierran Garoña porque es deficitaria. El gobierno la ha hecho deficitaria, con su fiscalidad, pero no quiere que cierre… Contradictio in terminis.

El Estado debería garantizar la Educación, la Sanidad y las Pensiones, en vez de hacer de empresario: de lo primero, tiene experiencia; de lo segundo, no, y tampoco le compete.

En Renfe y la SEPI (y Paradores y Bankia), sí. En Iberia y en Iberdrola y Endesa, no: Gobierno de contradicciones: ahora, en castellano.

Los partidos en el poder son inmovilistas. No entienden el capitalismo, ni la economía de libre mercado. Y, da igual, que sean de derechas o de izquierdas: son de todo, excepto liberales.

El CEO de IAG es irlandés: busca la rentabilidad en Iberia y, lo demás, le trae sin cuidado. Estamos de acuerdo.
El CEO de IAG, W. Walsh dijo, tanto al diario ABC como a El País, el pasado domingo 16 de diciembre de 2012, que él era irlandés y que lo único que le interesaba era “la rentabilidad”. Hoy, 18 de diciembre, el diario Expansión inicia su editorial afirmando: “Prima la rentabilidad”. Se refiere a la fusión por absorción que ha ejecutado con maestría Santander sobre su filial Banesto. Iberia y Santander, como empresas privadas que son, y al servicio de sus dueños-accionistas, deben buscar la rentabilidad como principal objetivo. Apunte: Walsh dijo que era irlandés, para dejar claro que él no es británico (es decir, no es inglés, ni escocés ni galés) y, por tanto, no tiene prejuicios raciales con respecto a España.

Gobierno y Sepla confunden sus intereses con los de “nuestra querida España”, como dicen ellos. Han sido más listos los trabajadores de Iberia (el 93%) que han alcanzado un acuerdo negociado con la empresa.
En el primer caso, varios ministros del Gobierno de España se permiten la licencia de injerir en la libérrima gobernanza de Iberia para decirle que “no cierre rutas”, “ponga énfasis y se centre en la viabilidad y no en la rentabilidad”. Han entendido, más rápidamente y mejor, las cosas –su realidad objetiva, que es oscura, el 93% de trabajadores de Iberia que, ayer, lunes 17 de diciembre de 2012, alcanzó un acuerdo con la empresa mediante negociación-, que el gobierno y los pilotos. Al menos, Ana Pastor, ministra de Fomento, ha dado la bienvenida al acuerdo: “ganamos todos los españoles”. Les ha dado fuerte a varios miembros de Gobierno con la españolidad de Iberia. Y, al Sepla, le ha dado mucho más fuerte aún, al querer confundir a la opinión pública, haciéndola creer que “los intereses de nuestra querida España” se identifican con los suyos. Ahora que la gran mayoría de los trabajadores de Iberia ha garantizado un buen acuerdo para ambas partes, está por ver cuánto da de sí el amor patrio de los pilotos.

El Gobierno busca la rentabilidad en Renfe, pero quiere impedir que Iberia, empresa privada, consiga esa misma rentabilidad… No se comprende esa actitud que deriva en comportamiento.
El Gobierno vive en su seno una gran contradicción (sinónimo de mundo de contradicciones). Por ejemplo, el Ministerio de Fomento, que dirige Ana Pastor –quien no ha dejado de llamar a la mesa de negociación a Iberia y sus trabajadores: por seguir con la misma lógica, la señora ministra debería impelir a Sepla a que se siente ya a negociar: “cuando el objetivo es complejo, solo perdiendo se gana o ganamos todos los españoles”-, “ultima el plan de recortes de líneas para sacar a Renfe de pérdidas. Todos los servicios de media distancia convencional de la empresa pública son deficitarios, con la mayoría de trenes medio vacíos. Madrid y Castilla y León, donde más dinero se pierde”, publica Expansión, diario que tiene acceso a fuentes de información privilegiadas.

El Gobierno solo tiene un 2% de Iberia. Indirectamente, a través de la nacionalizada Bankia, tiene otro 12,9%. Con un 15% de Iberia, el Estado no puede imponer su criterio al restante 85% de accionistas de la aerolínea.
Desde la lógica económica y empresarial, el Ministerio de Fomento hace bien en definir “la relación de aquellos servicios ferroviarios (…), que Renfe tendrá que realizar porque ya no van a estar subvencionadas por el Estado”. Dos cuestiones: si Renfe no es rentable, tampoco puede ser viable y, por tanto, acabará cerrando. El accionista de referencia en Renfe es el Estado. Es sensato que el Gobierno quiera que Renfe deje de perder dinero y devolverla a la rentabilidad. Solo le queda una cosa por hacer al Gobierno: cambiar la palabra Renfe por Iberia, y aplicar la misma perspectiva. Con un añadido esencial: Renfe es empresa pública –pertenece al Estado-; Iberia es mayoritariamente privada: el Estado, a Dios gracias, solo tiene un 2% en Iberia; algo más, si se suma el 12,9% de la nacionalizada Bankia: 15% público, versus 85% privado…, gana lo privado, que tiene más, mucho más peso.

Iberdrola y Endesa cierran Garoña porque es deficitaria. El gobierno la ha hecho deficitaria, con su fiscalidad, pero no quiere que cierre… Contradictio in terminis.
Garoña es un caso más de las extremas contradicciones que vive el Gobierno actual. Titula Expansión: “Garoña dispara la tensión por la reforma energética. El cierre de la central nuclear, propiedad de Endesa e Iberdrola (empresas privadas), mete presión al Gobierno”. “La parada de la central nuclear de Garoña se ha convertido en la punta de lanza de la mayor batalla empresarial-político de España, por la nueva reforma energética que está a punto de aprobarse en el Congreso, a partir del jueves. Esta reforma supondrá una batería de impuestos a las compañías. Una de ellas, una tasa del 7% a la producción”. Es una fiscalidad tan nociva para las empresas, que hasta el sindicato comunista CCOO ha dicho que “la nueva fiscalidad hará huir a las empresas, del país”. No les falta razón a los comunistas. Como ya anticipamos en un capítulo anterior, el aumento de la fiscalidad –en 2013-, hará que muchas empresas multinacionales dejen España, el año que viene: este abandono y los ERE de las Grandes Empresas Españolas disparará la tasa de paro. Según Expansión, “la reforma energética se ha convertido en una guerra de todos contra todos, y de todos contra el Gobierno. Endesa e Iberdrola, propietarios al 50% de Nuclenor, la empresa que gestiona Garoña, desconectaron la instalación el domingo pasado. Se inicia así una parada de Garoña, que puede ser definitiva”.

El Estado debería garantizar la Educación, la Sanidad y las Pensiones, en vez de hacer de empresario: de lo primero, tiene experiencia; de lo segundo, no, y tampoco le compete.
El presidente de CEOE, la patronal, Juan Rosell, apoya la decisión de las empresas privadas de energía; es decir, defiende el cierre de Garoña, “porque es deficitaria”. Curiosamente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, tenedora del 2% de Iberia), ha empezado a vender empresas, a deshacerse de activos. Y, tiene sentido, por dos motivos: primero, porque el Estado como (mal) empresario que es, debe estar solo donde tiene que estar, sea la Sanidad o la Educación. Pero la inmensa mayoría de los terrenos empresariales pertenecen a la iniciativa privada, que los gestionará mejor. Segundo, si con la venta de esas empresas, el Estado obtiene dineros con los que financiar el déficit público, pagar pensiones o prestaciones por desempleo, bienvenida sea esa desinversión estatal. Más aún, si esas compañías, en manos privadas generaran más beneficios que en las públicas, el Estado haría muy bien en desembarazarse de ellas.

En Renfe y la SEPI (y Paradores y Bankia), sí. En Iberia y en Iberdrola y Endesa, no: Gobierno de contradicciones: ahora, en castellano.
La conclusión es obvia: el Gobierno se aplica a sí mismo una medicina que luego no quiere que apliquen las empresas privadas. Es decir, el Estado puede decir a Renfe qué rutas eliminar, porque son deficitarias. Y, el mismo Estado, le dice a Iberia que no puede eliminar rutas deficitarias, porque no debe poner énfasis en “la rentabilidad, sino en la viabilidad”. El Estado puede desprenderse de empresas públicas bajo el paraguas de la SEPI, con criterios económicos y empresariales. El mismo Estado le dice a Iberdrola y Endesa que no deben cerrar Garoña, aunque sea deficitaria, dado que el propio Gobierno ha impuesto una fiscalidad que hace irremediablemente no rentable la central nuclear.

Los partidos en el poder son inmovilistas. No entienden el capitalismo, ni la economía de libre mercado. Y, da igual, que sean de derechas o de izquierdas: son de todo, excepto liberales.
Decían dos amigos míos, economistas y empresarios, que “las derechas y las izquierdas no entienden el capitalismo, porque son inmovilistas”. Ambos bandos quieren mantener el estatus quo. Que, según su visión, consiste en mantener las cosas, conforme les conviene a ellos. La economía de libre mercado, que crea riqueza y empleo, es un fenómeno que no comprenden, porque se les escapa de su control: lógico, dale libertad a las personas, y éstas tomarán decisiones por su cuenta y hasta sin preguntarte. No es de extrañar que las encuestas pre electorales den un rapapolvo grande al partido en el gobierno, porque no ha respondido a las expectativas de una ciudadanía que les otorgó la mayoría absoluta…, hace solamente un año. Y también, las encuestas, le dan un revolcón al partido que les precedió en el gobierno, porque las personas tienen memoria y recuerdan quien estaba en el poder hace cinco años, cuando comenzó la crisis.

Jorge Díaz-Cardiel, autor de “Éxito con o sin crisis”, ha sido director general de Ipsos Public Affairs, empresa líder en investigación de mercado basada en encuestas. Es socio director general de ADVICE, donde realiza estudios económicos y empresariales y políticos sobre los que da consultoría basada en datos.